Traducción judicial: ¿y ahora qué?

Análisis de la traducción y la interpretación judicial en España transcurrido el plazo de transposición de la Directiva 2010/64/UE

 

Juristas y lingüistas aplaudimos, en octubre de 2010, la aprobación de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. Hoy, transcurrido más de un mes desde la finalización del plazo de transposición, nos lamentamos porque no se hayan adoptado ya en nuestro país las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que recojan y desarrollen lo dispuesto en la norma europea.

Sin embargo, no es la primera directiva —ni me temo que será la última― que no se incorpora en plazo al ordenamiento jurídico nacional. La pregunta, entonces, es: ¿qué pasa ahora?

 

El estado de la traducción judicial en España, sin Directiva

Las quejas por la situación actual proceden de todas las partes. Los juristas se quejan. Los traductores e intérpretes nos quejamos. Las partes no solo se quejan, sino que además sufren indefensión y ven sus derechos lesionados. Es más que evidente que el sistema actual no funciona y que, como indica Fernando Gascón, la legislación no ha se ha desarrollado en línea con la sociedad.

¿Cuál es esa «situación actual»? Las siguientes líneas contienen un breve repaso de la principal normativa que, a día de hoy, resulta aplicable a la traducción e interpretación en los tribunales.

 

 Traducción e interpretación judicial: normativa vigente

 

    1. El Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales reconoce, en su artículo 5.2, el derecho de los detenidos a ser informados en una lengua que comprenda[n] de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ell[os]. Por su parte, el artículo 6.3 de este mismo instrumento reconoce, entre otros, el derecho de los acusados a ser informados en una lengua que les sea comprensible de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra [ellos], así como a ser asistidos gratuitamente por un intérprete durante la audiencia.
    2. En el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se recoge asimismo el derecho de los acusados a recibir información detallada, en un idioma que comprendan, acerca de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ell[os] y a ser asistidos gratuitamente por un intérprete si no entienden o no hablan el idioma utilizado en el tribunal.
    3. Nuestra Constitución garantiza en el artículo 17.3 el derecho de los detenidos a ser informados de forma comprensible de sus derechos y de las causas de su detención. También consagra el derecho a la tutela judicial efectiva en su artículo 24, dentro del cual podría enmarcarse el derecho a la traducción o interpretación, puesto que en ausencia de estas se generaría una indefensión que, según la norma, en ningún caso puede producirse.
    4. El artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial trata algunas cuestiones lingüísticas y de traducción e interpretación, pero la norma está concebida básicamente para regular el uso del castellano y las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas.
    5. El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) transforma el derecho a la información recogido en los textos del Convenio y el Pacto citados, respectivamente, en los apartados 1) y 2) en una obligación frente a los detenidos o los presos. También en línea con ambos textos internacionales reconoce el derecho de los detenidos y los presos a ser asistidos por un intérprete de forma gratuita cuando no entiendan o hablen castellano.

Los testigos, según el artículo 440 de esta misma ley, tienen asimismo derecho a la asistencia de un intérprete, que debe prestar juramento de conducirse bien y fielmente en el desempeño de su cargo. El artículo 441 contiene una serie de indicaciones sobre el nombramiento del intérprete. Así, este será una persona titulada, si la hubiera. En caso de no haberla, será un maestro del idioma en cuestión o, en última instancia, una persona que lo conozca. Si aun así no se espera poder obtener una traducción, será  la Oficina de Interpretación de Lenguas quien se encargará de la traducción.

En el marco del procedimiento abreviado ―esto es, de aquel en el que se enjuician delitos cuya comisión implica penas privativas de libertad menores a nueve años— dispone el artículo 762 LECrim, directamente, que no es preciso que los intérpretes designados tengan una titulación oficial.

Las consecuencias de esta regulación son las que se han venido observando en los últimos años en el sector y que pueden resumirse en una sola: la falta de cualificación de muchos traductores e intérpretes judiciales.

Directiva de traducción

Viñeta de Mox

 

 

Podría mencionarse como punto 6 el anteproyecto de reforma de la LECrim, pero lo reservaremos para cuando sea aprobado, si es que algún día lo es.

 

¿Qué aporta la Directiva a la traducción judicial en España?

Son muchas las publicaciones que ya han resumido los principales puntos de la Directiva, por lo que no me voy a explayar. En términos generales, el texto reconoce el derecho a interpretación a favor de quienes no entiendan la lengua del proceso, así como el derecho a traducción de los documentos procesales, incluida la orden de detención europea.

Prevé que la traducción y la interpretación se proporcionen a título gratuito para los sospechosos o acusados e indica que ambas habrán de ser de calidad. Si bien el concepto de calidad es resbaladizo, como bien indica aquí Ramón Garrido, que un texto legal lo contemple como requisito supone un gran avance para la traducción e interpretación judicial. Para garantizar la calidad, la Directiva, entre otras medidas, permite interponer un recurso en caso de ausencia de traducción o de falta de calidad de la misma y exige a los Estados miembros que se esfuercen para crear registros de traductores e intérpretes cualificados.

 

Y ahora que la Directiva no se ha incorporado a la legislación nacional, ¿cuál es la situación de la traducción judicial?

 

La falta de transposición puntual de las directivas conlleva una serie de consecuencias. Este tipo de instrumento legislativo impone a las autoridades nacionales una obligación de resultados (a diferencia de los reglamentos, que sí son directamente aplicables en los Estados miembros). Ahora bien, ya en 1974, el Tribunal de Justicia inauguró en el asunto 41/74 van Duyn contra Home Office la doctrina de la eficacia directa de las directivas, con el objetivo de dotar de efectividad al carácter normativo que, según el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tienen estos actos jurídicos. De acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal, son tres los requisitos que se deben cumplir para que las directivas tengan eficacia directa:

    1. Que no hayan sido transpuestas en plazo, o lo hayan sido pero de forma defectuosa.
    2. Que reconozcan derechos a los particulares.
    3. Que su contenido normativo sea claro, preciso e incondicionado.

Conviene aclarar que la eficacia directa tiene carácter vertical o, lo que es lo mismo, solo puede invocarse frente al Estado, pero no frente a particulares, dado que no resultaría legítimo que fueran estos quienes asumieran las consecuencias de un incumplimiento por parte de los poderes públicos.

Esta doctrina y el incumplimiento del legislador español deja abierta en España una vía de esperanza, aunque también de incertidumbre, puesto que es difícil conocer de antemano qué se considera «claro, preciso e incondicionado». Habrá que esperar para saber si se aprueba el anteproyecto de reforma de la LECrim de Gallardón y en qué términos se hace. O quizás algún ciudadano que haya visto vulnerados sus derechos en un proceso penal a causa de una mala traducción o interpretación interpone una acción ante los tribunales, que siempre tendrán la última palabra a la hora de determinar si los derechos reclamados, y recogidos en la Directiva, son suficientemente claros, precisos e incondicionados.

 

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Fuentes de consulta:

Vieira Morante, Francisco J., «La interpretación y traducción de lenguas en los procedimientos judiciales (Directiva 2010/64/UE)», Diario La Ley, número 8201, 28 de noviembre de 2013 (ref. 8852/2013).

Tomás, Fernández, Instituciones de Derecho Comunitario, Lección 4ª «La irrevocabilidad del acto directo», Tirant lo Blanch (2ª Edición, 2000).

Díez-Picazo, Luis María, «La transposición de las directivas en materia de derecho patrimonial por parte de las Comunidades Autónomas». Disponible en: http://civil.udg.edu/tossa/1998/Textos/Diez-Picazo.htm